Meta ha llegado a un acuerdo con los fiscales generales de 47 estados por las acusaciones de que manipuló ilegalmente la atención de los menores, según informó primero The New Yorker. El acuerdo podría costarle a la empresa hasta 17.000 millones de dólares y cambiaría la forma en que Facebook e Instagram gestionan el acceso de los adolescentes mediante la verificación de edad, límites diarios y restricciones nocturnas.
Meta no reconoció haber cometido ninguna irregularidad. El juicio celebrado en Oakland giró en torno a si la Sección 230 de la Communications Decency Act, que protege a los proveedores frente a la responsabilidad por el contenido publicado por los usuarios, también debería amparar los algoritmos que determinan lo que estos ven; los demandantes sostuvieron que no.
Los estados presentaron pruebas de que altos ejecutivos, decididos a maximizar el crecimiento de la empresa, dejaron de lado una y otra vez las preocupaciones sobre el efecto de los productos de Meta en sus usuarios más jóvenes. Un antiguo ingeniero de Meta declaró que la probabilidad de que un adolescente se encontrara con contenido violento o explícito era entre cien y cuatrocientas veces mayor de lo que la empresa reconocía públicamente.
Meta también gastó más de 2.000 millones de dólares en su defensa legal solo durante el segundo trimestre de 2026.
En virtud del acuerdo, Facebook e Instagram eliminarán el recuento de «Me gusta» de las publicaciones, intensificarán las medidas para verificar que los usuarios tengan al menos trece años, limitarán a dos horas diarias el uso del servicio por parte de los adolescentes y restringirán por completo el acceso de esos usuarios durante la noche.
El acuerdo fue comparado rápidamente con las demandas contra las tabacaleras de los años noventa. Pero Meta es una empresa valorada en un billón de dólares y cada vez más volcada en la inteligencia artificial, mientras que el acuerdo solo afecta a una de las múltiples áreas de sus operaciones. El pacto combina un coste financiero extraordinario con cambios de producto centrados en los usuarios adolescentes.
Las nuevas tecnologías se difunden cada vez más deprisa, mientras que la maquinaria política y legal exige responsabilidades de forma intermitente y a paso de tortuga. Hicieron falta más de diez años de preocupación por la manera en que los adolescentes usaban Facebook e Instagram para que un acuerdo judicial obligara a Meta a cambiar su conducta.
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, se mantuvo al margen de la demanda porque consideraba que no iba lo bastante lejos. Tras anunciarse el acuerdo, declaró: «Nos veremos en el juicio».