El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó el proyecto de ley 1246 del Senado, que establece nuevos requisitos para las empresas de vehículos autónomos cuando sus robotaxis interfieren con los equipos de emergencia, según informó primero TechCrunch. La ley busca mejorar la seguridad y los tiempos de respuesta cuando los vehículos quedan inmovilizados o interfieren con los equipos de emergencia, y establece mecanismos para exigir responsabilidades a las empresas.
Los robotaxis han obstaculizado el tráfico, se han metido en escenas del crimen e interferido con los equipos de emergencia. En algunos casos, las empresas han dependido de los servicios de emergencia para mover sus robotaxis.
Estas interrupciones se están produciendo en las primeras etapas de la era de los robotaxis. La ley pretende anticiparse al problema antes de que llegue la próxima ola de robotaxis.
Las empresas de tecnología de vehículos autónomos, como Tesla, Waymo y Zoox, deben ofrecer apoyo local sobre el terreno a los equipos de emergencia cuando sus robotaxis causen problemas. Podrían enfrentarse a sanciones si un robotaxi bloquea a la policía o a los bomberos durante más de 30 minutos.
La ley también limita los conductores remotos a personas que residan en Estados Unidos y tengan una licencia de conducir estadounidense. Durante fallas generalizadas del sistema, los desarrolladores deben informar a ciudades, pueblos y otras jurisdicciones locales sobre la ubicación y el estado de los vehículos.
Los desarrolladores deben proporcionar técnicos locales de respuesta a incidentes para ayudar en accidentes y obstrucciones relacionados con vehículos autónomos. Las normas combinan la respuesta local a incidentes con restricciones sobre quién puede ser conductor remoto y con la obligación de notificar a las autoridades durante fallas generalizadas del sistema.
El Departamento de Vehículos Motorizados de California, principal organismo regulador estatal de vehículos autónomos, se encargará de los detalles restantes. La ley entrará en vigor en julio de 2028.
Queda por ver si otros estados seguirán el ejemplo de California o esperarán a que el gobierno federal se pronuncie.